La Resolución (INDEC) 180/2020 B.O. 19/11/2020 establece un Censo Nacional Economico Obligatorio, donde todos los contribuyentes quedan obligados a responder un cuestionario en relación a su actividad desarrollada.
Seguidamente les dejamos un breve resumen de las características de la actividad y de cómo hacerlo.
¿Qué es el Censo Nacional Económico (CNE)?
Es un relevamiento estadístico exhaustivo que se realiza a las personas humanas y jurídicas de la República Argentina que tienen una actividad registrada (sociedades financieras y no financieras, monotributistas, autónomos e instituciones sin fines de lucro) y que permitirá conocer la estructura económica actualizada de la Argentina. Junto con el censo de población, el CNE constituye uno de los pilares fundamentales de la infraestructura estadística de un país.
¿Quiénes deben completar el e-CNE?
Todas las unidades económicas registradas del país que tengan su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) activa deben participar en el CNE.
¿Cuál es el plazo para completar el e-CNE 2020/2021?
Todas las unidades económicas con actividad registrada deben completar el cuestionario digital, disponible en https://cne.indec.gob.ar.
Las personas jurídicas (empresas e instituciones sin fines de lucro) tendrán tiempo hasta el 1 de abril de 2021,
Las personas inscriptas en el régimen de Autónomos deberán hacerlo hasta el 1 de mayo de 2021
Las personas inscriptas en el Monotributo, hasta el 1 de junio de 2021.
¿Cómo es el Acceso al e-CNE?
Las personas o representantes de una empresa o institución sin fines de lucro accederán al cuestionario digital mediante su número de CUIT y clave fiscal. A efectos de cumplimentar esto, se habilitará un servicio web en Afip denominado "Acceso al censo nacional Económico (CNE) 2020/2021".
La aplicación e-CNE utiliza la plataforma de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debido a que la validación de identidad mediante clave fiscal (una contraseña personal e intransferible) es el proceso por el cual se comprueba que las personas humanas o jurídicas son quienes dicen ser al momento de completar el censo. Esa es la condición necesaria y suficiente para que la información proporcionada al INDEC sea valedera para su procesamiento estadístico.
Los administradores o subadministradores de relaciones de la AFIP, que realizan acciones en calidad de apoderado y en nombre de otra persona humana o jurídica, tendrán la posibilidad de delegar a otra persona para que complete el cuestionario digital.
Al finalizar el e-CNE, la aplicación les entregará a las personas censadas un certificado que será necesario para la realización de futuros trámites administrativos y bancarios.
Para acceder al mismo puede seguir este enlace:
Censo Nacional Económico 2020/2021 (indec.gob.ar)
Una vez completado el formulario solicitado, el sistema emitirá un Certificado de cumplimiento.
Quienes no posean el mismo, no podrán realizar operaciones bancarias tales como:
· apertura de cuentas de depósitos y de cualquier otra que implique captación de fondos
· otorgamiento de créditos y sus respectivas renovaciones
· apertura de créditos documentarios
· apertura de cuentas para valores en custodia
· otorgamiento de fianzas y préstamos de valores
· alquiler de cajas de seguridad
El capítulo corrupción sumó una nueva página en nuestro país. Según el índice de percepción de corrupción durante el 2019, de 180 países que apelan a la transparencia nacional, la ubica a Argentina en el puesto 66, luego de haber estado en el puesto 85, denotando una mejora. Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, se refirió a este hecho al aire de Radio Milenium.
“Es una buena noticia, creo que para quienes van a juzgar la administración de Mauricio Macri es una suma, un puntaje que agrega valor a la lucha contra la corrupción. Hay que decir que en materia de corrupción, nos guiamos por indicadores que son percepciones que responden a encuestas hechas a empresarios, expertos y ciudadanos”, aseguró.
Luego, resaltó la gran mejora que experimentó el país y destacó algunos casos de países americanos. “Argentina sube 19 lugares, mejora notablemente. El país mejor rankeado en América es Canadá en el puesto 12 y el peor es Venezuela. Los mejores países de América Latina en materia de corrupción son Uruguay, Chile y en el medio está Estados Unidos“, remarcó.
“Argentina no ha mejorado notablemente, en este ranking sube porque otros países empeoraron mucho. Laura Alonso no es el mejor emblema de la anticorrupción en el país, está procesada y no es la imagen más importante y con la que uno puede quedarse de la gestión del expresidente en relación a esta materia”, analizó el especialista.
Finalmente, Bermolén comparó la gestión anterior con la actual y brindó su visión. “Yo esperaba con ansias ver qué decisiones iban a tomar en materia institucional el nuevo Gobierno, que también tiene algo de viejo Gobierno en sus componentes. Si hay algo que reconocer, es que el Gobierno de Macri deja la vara bastante alta en cuanto a la calidad institucional”, indicó.
La Argentina de las últimas décadas se parece en mucho a un pandemónium, nombre que le diera John Milton, a la capital del Infierno en su obra “El paraíso perdido” de 1667. A nuestro pandemónium no lo construyeron demonios, sino nuestra inveterada clase dirigente que supo llevarnos –gestión tras gestión, mandato tras mandato- a niveles impensados de pobreza, de endeudamiento, de hiperinflación, de decadencia y atraso, de deterioro social e institucional, Si algo nos faltaba, era sumarle una pandemia al pandemónium, añadiendo a los males adquiridos, información insuficiente, concentración de poder y restricciones al estado de derecho.
La pandemia nos arrojó al confinamiento obligatorio, y a una situación de emergencia total. Sin Congreso operativo, sin Poder Judicial plenamente activo, en un país que padece de híperpresidencialismo y se gobierna ahora, casi exclusivamente, con decretos de necesidad y urgencia, resoluciones y disposiciones administrativas, hemos consentido -con llamativa naturalidad- que el Presidente de la Nación concentre aun más poder. Como todo desequilibrio trae en si mismo consecuencias, la Argentina del congelamiento institucional nos expone a nuevos peligros.
En medio de la pandemia se carece de información completa, oportuna y veraz. La información diaria que suministran las autoridades es parcial y no parece fiable, porque no se ha testeado masivamente a la población. Nuestro país se ubica en el fondo de la tabla entre las naciones que han realizado testeos intensivos en proporción a su población, ranking -cambiante como la pandemia- que lideran Islandia, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, e incluye en lugares destacados a Suiza, Noruega, Alemania, Australia, Hong Kong, Corea del Sur, Israel y –lógicamente- a algunos de los países más expuestos como Italia y España.
El presidente Alberto Fernández, ha sugerido que estamos en una guerra y que existe un enemigo invisible al cual combatir. Pero las guerras también imponen sacrificios. De la población que tiene que modificar hábitos, resignar ingresos, y mantenerse aislada, y del sector privado que debe sostener estructuras comerciales sin obtener entradas regulares por tratarse, en su mayoría, de actividades consideradas no esenciales. ¿Pero qué hay del esperable esfuerzo del sector publico? México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Costa Rica -entre otros-, dispusieron congelamientos o quitas a los salarios más altos de la dirigencia o la administración pública, demostrando que la decisión no distingue dimensiones o ideologías.
Muchas provincias -e incluso municipios- han decidido llevar adelante recortes de ingresos al personal del sector público, para ser destinados a sostener el combate contra la enfermedad: Córdoba, Misiones, San Juan, Salta, Mendoza, La Rioja, Tucumán, Salta, Santa Fe, Jujuy y Entre Ríos, han implementado algún tipo de mecanismo a través de decisiones administrativas o personales.
En algunos casos, las medidas han quedado reducidas a un mero -aunque no menos valioso- gesto de ejemplaridad, como ocurre con algunos diputados, senadores, y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin que alcance para conformar un compromiso generalizado. En tal sentido, existe una propuesta de senadores de la oposición, presentada bajo el titulo de “esfuerzo colectivo integral”, que propicia un recorte porcentual y temporal en los sueldos jerárquicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de crear un fondo nacional para la gestión de la pandemia.
El presidente Alberto Fernández ha manifestado su abierta oposición a la idea y hasta el gobernador de la Provincia de Buenos Aires la desacreditó con fundamento en los altos niveles de aprobación ciudadanía que tendría el gobierno por el manejo de la situación. Mientras desde el poder se discute un impuesto extraordinario a las “grandes fortunas”, las expresiones del senador Nacional Carlos Caserio –con motivo del debate de la Ley de Solidaridad Social- acerca de que “la clase política no es la que hace esfuerzos” recobran vigor y actualidad.
La pandemia agravará la situación del pandemónium anterior pero no será su razón, aunque sirva de justificación para quienes gobiernan. Pero el mayor riesgo estará en la fatiga democrática, en la tentación de echar mano a ciertas formas de autoritarismo, y a que determinados rasgos de la excepcionalidad se enquisten en la vida cotidiana.
La fascinación de ejercer un control sobre la sociedad, aprovechando la pandemia y la eventual extensión de la emergencia, podría provocar injustificados avances sobre las libertades individuales, en un gobierno que ha preferido testear el pensamiento de las personas y no el virus en ellas.
El ciber patrullaje de las redes sociales (de Bullrich o Frederic) insuficientemente regulado, podría llevar a restricciones a la libertad de expresión, al uso inadecuado de datos personales, y a la posibilidad de “generar” casos para aleccionar a la ciudadanía. En una situación de emergencia, las medidas adoptadas deber ser necesarias, proporcionales y limitadas en el tiempo. Intervencionismo acotado, transparencia en las contrataciones, amplios y estrictos controles, adecuadas competencias, y plena vigencia de las garantías constitucionales, resultan cruciales en estas horas en que la calidad institucional importa y mucho.
La situación de anormalidad entraña también un riesgo. Las sociedades en emergencia suelen ser manipulables y vulnerables. El coronavirus no sólo pondrá en jaque la salud de la ciudadanía, sino -y mas grave- la salud de la democracia y de nuestra república. Salir del pandemónium, o profundizarlo, dependerá de nosotros.
Marcelo Bermolén es abogado. Profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
Diario Clarín 30/04/2020
Las leyes 27.426 y 27.430 sancionadas a fines del 2017, conocidas como Reforma Previsional y Tributaria, respectivamente, introdujeron reformas que afectan el costo laboral de la compañías.
