Conflictos de intereses, tráfico de influencias y corrupción causan preocupación en nuestro país.
En este escenario, es imprescindible revisar los estándares y regulaciones vigentes en materia de probidad, buenas prácticas y financiamiento de la actividad política, así como también en la delimitación de las áreas exclusivas y las relaciones recíprocas entre el sector público y el privado.
La existencia de buenas reglas no es suficiente sino existen órganos independientes que puedan fiscalizar su cumplimiento, así como tampoco lo es si su infracción no es sancionada en tiempo y en forma. Asimismo ningún sistema regulatorio resultará eficaz si no es considerado por los ciudadanos como justo y necesario.
Las creencias de la ciudadanía sobre la transparencia, la ética y el cumplimiento de las normas, resulta de vital importancia, en tanto de ella salen los servidores públicos y también los integrantes de las empresas que son actores principales para la existencia de la corrupción.
Nuestra área de transparencia, ética y compliance, tienen como finalidad asistir a los gobiernos en materia regulatoria, en el fortalecimiento de las instituciones y en el acceso a la información pública; a las empresas en el cumplimiento de sus código de ética para el buen gobierno corporativo y a las entidades sin fines de lucro en la búsqueda de la participación ciudadana.
La transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual la administración pública se hace más eficiente y la ciudadanía y las empresas conocen en tiempo real las actuaciones de sus servidores públicos a través del acceso a la información pública.
La transparencia tiene cuatro dimensiones:
- Transparencia de la gestión pública, que implica la existencia de reglas claras y conocidas para el ejercicio de la función pública así como de controles para la vigilancia de las mismas.
- Transparencia en la rendición de cuentas, que conlleva la obligación de quienes actúan en función de otros, de responder eficaz y recíprocamente sobre los procesos y resultados de la gestión pública.
- Transparencia en el acceso a la información pública, que supone poner a disposición del público de manera completa, oportuna y permanente, la información sobre todas las actuaciones de la administración pública.
La norma moral debe ser más exigente que la legal, en particular en quienes desempeñan funciones públicas. No obstante las empresas, se dotan de códigos o reglas de ética en el ámbito privado, reglamentan los órganos de vigilancia y juzgamiento y establecen las sanciones que se aplican por su infracción, como forma de mitigar los riesgos de fraude y corrupción.
En el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, es importante desarrollar programas de integridad acordes con la matriz de riesgos de la organización, y sus actividades.
Consideramos la transparencia, el acceso a la información pública y la probidad como pilares de la democracia representativa y del buen gobierno, y como principios rectores del buen actuar de la administración del Estado.
