El caso Odebrecht sigue extendiendo sus efectos fuera de Brasil. Como un sismo cuya intensidad se percibe, pero cuyo efecto destructivo resulta difícil de evaluar, el caso se ha convertido en un emblema de cómo la calidad institucional de las democracias latinoamericanas.

Mediante el Decreto 353/2018, emitido recientemente, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) reglamentó el Título X de la Ley N° 27.430, donde se establece un régimen optativo de revalúo impositivo y contable, que tiene como objetivo posibilitar un proceso de normalización patrimonial a través de la revaluación de determinados bienes.

La sanción de la ley 27.401, establece un régimen penal aplicable a las personas jurídicas privadas, de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, que hubieran cometido directa o indirectamente, con su intervención, en su nombre, interés o beneficio, y/o a través de terceros sin atribuciones para obrar en su representación, los delitos establecidos en su articulo 1º.