El caso Odebrecht sigue extendiendo sus efectos fuera de Brasil. Como un sismo cuya intensidad se percibe, pero cuyo efecto destructivo resulta difícil de evaluar, el caso se ha convertido en un emblema de cómo la calidad institucional de las democracias latinoamericanas cruje frente a la corrupción propia y la trasnacional.
La caída del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, es un fiel reflejo de esa onda expansiva imprevisible, que ha demostrado cómo supuestas licitaciones públicas transparentes en la formalidad escondían arreglos previos –mediante pagos y sobornos– para asegurar adjudicaciones pautadas de antemano. La consecuencia evidente es que los órganos de control de numerosos países de Latinoamérica fallaron sistemáticamente en detectar una práctica extendida y que sus herramientas de fiscalización respecto del manejo de los dineros públicos dista mucho de ser eficaz y eficiente, para completa intranquilidad de ciudadanos y contribuyentes.
La verdad sobre el pago de sobornos, que disparó nuevos escándalos de corrupción tratando de evitar sus consecuencias no fue el producto de la virtuosidad de la Justicia peruana, ni la de ninguno de los países latinos involucrados, sino el resultado de la contundente tarea de fiscales y jueces brasileños que merced a las delaciones premiadas y de profundas y consistentes investigaciones en el denominado Lava Jato, iluminaron sobre los oscuros desmanejos de la corrupción propia y ajena.
Sin embargo, debe destacarse que frente a los efectos del temporal Odebrecht, el Congreso peruano creó una comisión especial para investigar los alcances de esa bifurcación dentro de la política de su país, alcanzando en forma directa a ex presidentes, candidatos presidenciales recientes y hasta el mismísimo Kuczynski. Pactos espurios e intentos por sostenerse en el poder llevaron al ahora ex presidente a sortear una anterior destitución decretando un indulto en favor del ex presidente Fujimori (por entonces en prisión) que solo logró demorar su anunciada caída. Es probable que el caso Odebrecht muestre otros impactos tan espectaculares como la renuncia del presidente peruano, con la inminente detención del ex presidente Lula da Silva.
Pero el espejo peruano y brasileño solo debería hacernos reflexionar sobre lo que ha pasado en Argentina con el caso Odebrecht y su impacto institucional. Y la triste respuesta es que nada ha pasado. Los sospechados contratos de soterramiento del tren Sarmiento –que involucra a empresarios cercanos al poder actual y del pasado–, los dineros aportados por la empresa Odebrecht de manera solapada durante la campaña presidencial argentina de 2015 en la mayoría de los frentes políticos, coimas y sobornos a personajes públicos que han sido admitidos por arrepentidos brasileños y que merecieron –cuándo no– sobreseimientos exprés de parte de nuestra cuestionada Justicia federal, organismos de control “pintados” e ineficaces, y un llamativo silencio del Congreso argentino que ni siquiera propuso la creación de una comisión investigadora ad hoc, podrían ser indicios de que la ramificación de Odebrecht en la obra pública, el financiamiento de la política y las maniobras en perjuicio del Estado son parte de una matriz de corrupción opaca y silenciosa que atraviesa a casi todos los sectores de la política argentina, del empresariado y de la Justicia. Una matriz de corrupción que es un triste exponente de nuestra magra calidad institucional y que pondrá a prueba nuestra capacidad republicana para su erradicación.
Marcelo Bermolen
Abogado y profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.
